Por la despenalización del aborto

Maite Reyes-Retana
Publicado en Milenio Diario el 21 de marzo de 2007

La función del legislador, en una democracia, es observar situaciones sociales concretas y, a partir de ahí, formular las leyes que deben regir. Un legislador no puede, pues, elaborar leyes de acuerdo a sus preferencias o sus gustos personales, puesto que no es un predicador o un líder de opinión.
En un estado laico, las cuestiones morales pertenecen al ámbito íntimo, en el que la autoridad no tiene por que intervenir. Supongamos que yo quiero quemarme los pulmones fumando tres cajetillas diarias de cigarros, o escabecharme el hígado tomándome un litro de ron con cada comida, o destrozarme el cerebro inhalando toda la cocaína del planeta. Pues sería una lástima, pero el estado no podría prohibírmelo de ninguna manera.
Podría, si, lanzar campañas de prevención y crear centros de atención a las adicciones, pero nada más. Yo sería la única responsable de mis acciones, realizadas en conciencia y con toda la información necesaria.
La iglesia podría decirme que mi cuerpo es el templo de dios y que, por lo tanto, yo lo tengo que venerar y, si yo fuera creyente, tal vez le haría caso, pero eso pertenece al ámbito de lo privado puesto que no tiene que ver más que con mis creencias.
Con el aborto sucede algo similar: las creencias de cada quien son respetables y uno puede escoger vivir de acuerdo con ellas. Sin embargo nadie, o eso espero, puede pretender que sus creencias sean ley.
¿Qué pasaría si en México las mujeres pudieran abortar legalmente? No crecería el número de abortos, de eso estoy segura; simplemente, se practicarían en condiciones salubres y seguras.
Según la encuesta de María De las Heras, publicada en Milenio, el 72% de las mujeres aprueban la despenalización del aborto y, de acuerdo con cifras del Conapo, en 1995 se practicaron 110 mil abortos en México ¿no es suficiente esa realidad social para que nuestros legisladores la aprueben ya?
En su libro El poder y la vida, el expresidente francés Valéry Giscard D'Estaing relata: "Yo soy católico - le dije a Juan Pablo II- pero también soy presidente de una República cuyo Estado es laico. No tengo por qué imponer mis convicciones personales a mis conciudadanos, sino que debo procurar que la ley responda al estado real de la sociedad francesa para que sea respetada y pueda ser aplicada. Juzgo legítimo que la Iglesia pida a los que practican su fe que respeten ciertas prohibiciones, pero no corresponde a la ley civil imponerlas con sanciones penales al conjunto del cuerpo social"
¿No tendrá algo de razón?